27/03/2025
El Congreso levanta la suspensión de los desahucios de hogar
En una decisión que marca la primera gran derrota del Gobierno en 2025, el Congreso de los Diputados ha rechazado el Real Decreto-ley de medidas urgentes —conocido como 'decreto ómnibus'— que incluía disposiciones clave en materia económica, social y energética. Con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención, esta votación tiene consecuencias inmediatas, ya que las medidas quedan anuladas desde el 23 de enero.
El decreto, aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros, buscaba prorrogar un conjunto de iniciativas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables y fomentar el desarrollo sostenible en un contexto de alta inestabilidad económica y social.
Adiós a la protección contra desahucios y cortes de suministros básicos
Entre las medidas derogadas se encuentra la suspensión de desahucios para familias vulnerables, que estaba prevista hasta diciembre de 2025. Esta iniciativa también contemplaba compensaciones para propietarios en caso de que no se encontraran alternativas habitacionales en un plazo de tres meses. Ahora, los desahucios pueden reanudarse, agravando la situación de miles de hogares.
Además, se elimina la prohibición de cortar suministros esenciales como agua, luz y gas para consumidores vulnerables, así como los descuentos progresivos del bono social eléctrico, lo que podría aumentar la precariedad energética en los meses más fríos del año.
Impacto en ayudas sociales y transporte público
El rechazo del decreto también implica que no se aplicará la revalorización de las pensiones ni del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para 2025. Aunque las pensiones contributivas se incrementaron en enero bajo la regulación vigente hasta entonces, esta subida será revertida en febrero. Asimismo, el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá al nivel de 2023 hasta que se alcance un nuevo acuerdo.
En cuanto al transporte público, se elimina la prórroga de los descuentos que beneficiaban a millones de usuarios. Los billetes de tren, autobús y metro volverán a sus precios originales, salvo para quienes ya adquirieron abonos con descuento.
Se frenan incentivos para la sostenibilidad
El Congreso también tumbó las bonificaciones fiscales en el IRPF para la mejora energética de viviendas y edificios, que cubrían entre un 20% y un 60% de los gastos según el tipo de obra, con un límite de 15.000 euros. Estas medidas incentivaban la eficiencia energética y la transición ecológica, pero su eliminación podría desincentivar proyectos sostenibles.
También queda derogado el gravamen temporal para las empresas del sector energético. Este impuesto buscaba recaudar fondos destinados a fomentar inversiones en energías renovables y descarbonización, pero su eliminación deja en el aire futuras iniciativas en esta área.
Un golpe a la estabilidad política y económica
El rechazo del decreto refleja la fragilidad del Gobierno en el Congreso, donde la falta de apoyo de PP, Vox, Junts y otras fuerzas opositoras ha dejado al Ejecutivo en una posición complicada. Algunos grupos políticos, como Junts, han instado al Gobierno a presentar nuevas propuestas centradas exclusivamente en la revalorización de pensiones y el IMV.
Mientras tanto, sectores afectados por la derogación, como el transporte, la energía y la vivienda, advierten que la incertidumbre normativa podría frenar inversiones y aumentar la desigualdad social.
Un escenario incierto para los próximos meses
Con esta decisión, miles de hogares vulnerables enfrentan un futuro incierto, mientras que sectores clave, como la vivienda y la energía, quedan en un limbo regulatorio. Aunque el Gobierno aún puede proponer nuevas medidas, la falta de consenso en el Congreso será un obstáculo importante para avanzar en iniciativas que protejan a las personas más afectadas por la crisis.